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23 enero 2013

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 enero 23, 2013
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La historia de los tratados de extradición en Colombia ha estado marcada por distintas facetas, las cuales inician en 1888, cuando se suscribió el Tratado multilateral de extradición, el cual estableció la extradición por vía administrativa.

Significa que tipo de extradición se lleva a cabo sin concepto previo de la Corte Suprema de Justicia, y sin hacer mención al problema de las drogas.

En 1941, se hizo la primera reforma la cual incluyó el tema de las drogas aunque de manera limitada, asimismo, fue consagrado legalmente en el Código Penal en el año 1936.

Durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala, el entonces Embajador ante los Estados Unidos, Virgilio Barco, logró que se suscribiera un tratado de extradición entre ambos países que fue adoptado y añadido a la legislación interna colombiana por medio del Congreso de la República, la cual se conoce como Ley 27 de 1980.

Ulteriormente, el presidente Belisario Betancur resuelve no utilizar  el mecanismo de la extradición, lo cual trajo como consecuencia el debate público acerca de si esta decisión era o no acertada, tomando en cuenta que el narcotráfico en Colombia empezaba a mostrarse como el principal enemigo de la seguridad interna y que la utilización de este mecanismo podría haber sido eficaz para enfrentar este problema.

Toma del palacio de justicia por el M-19No sería sino hasta 1984, cuando el capo del narcotráfico Pablo Escobar ordena el asesinato del entonces Ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, que el presidente Betancur se vería obligado a reconsiderar su postura con respecto al proceso de extradición.

Cuando el grupo guerrillero M-19 toma el Palacio de Justicia en el año 1985, el tema de la extradición pasó a ser una prioridad dentro de la agenda gubernamental, sobre todo teniendo en cuenta que tanto la opinión pública como para el gobierno nacional el principal motivo de la toma procedía de un acuerdo entre la guerrilla y los narcotraficantes, cuyo principal objetivo era eliminar los expedientes de los capos que podían calificar para ser extraditados.

Fue entonces cuando el presidente Betancur dio la aprobación para que cinco colombianos fuesen extraditados hacia los Estados Unidos, entre los que se incluyó a Hernán Botero Medina.

No obstante, al año siguiente, durante la presidencia de Virgilio Barco, la Corte Suprema de Justicia declararía inexequible a la Ley 27 de 1980, por medio de la que años antes se había aprobado el Tratado de Extradición entre Colombia y Estados Unidos, aludiendo a vicios durante su aprobación.

Dos días después de esta declaración de inexequibilidad, el presidente Barco decide resancionar esta misma ley, intentando subsanar el vicio de procedimiento. Es así como fue aprobada en el Congreso de la República la Ley 68 de 1986, aprobatoria del tratado de extradición entre Colombia y Estados Unidos.  Sin embargo, en 1987 la Corte Suprema de Justicia declara esta ley inexequible.

Pasarían años de crímenes impunes y amedrentamiento en Colombia por parte de los capos del narcotráfico para lograr que se volviera a hablar seriamente del tema de la extradición en el gobierno central.

Sería en el año 1997, bajo la presidencia de Ernesto Samper Pizano, que se tramitaría una iniciativa legislativa en el Congreso de la República buscando revivir la figura de la extradición. Cabe destacar que las amenazas de imponer sanciones comerciales a Colombia por parte de Estados Unidos lo que influenciarían de gran manera este proceso de reactivación de la extradición.

Lo que el gobierno estadounidense exigía estaba resumido en una lista de 20 puntos en total, dentro de los cuales citaban: “restablecer la extradición de colombianos a Estados Unidos y lograr la aprobación del paquete de leyes antidrogas, con efectos en materia de expropiación de bienes de los narcotraficantes que hayan sido adquiridos en el pasado y no descubiertos antes de la vigencia de las nuevas normas”.

El 16 de septiembre de 1997, luego de una serie de atentados registrados meses antes, es aprobada en el Congreso de la República la extradición sin retroactividad y no aplicable a delitos políticos.

Bajo el gobierno de Andrés Pastrana la figura de la extradición cobraría enorme importancia dentro de la lucha antidrogas. Durante su periodo presidencial fueron extraditados 78 colombianos, la mayoría de ellos hacia los Estados Unidos y por cargos de narcotráfico.

Pero sería sólo hasta el mandato de Álvaro Uribe cuando la extradición pasaría a ser el arma principal para combatir el narcotráfico en Colombia, aunque posteriormente se confirmara que este trámite era usado como método para alcanzar los objetivos políticos del gobierno de Uribe de forma inmediata y no como mecanismo de cooperación judicial entre las naciones.

Con todo, la extradición es un proceso judicial apoyado por muchos países alrededor del mundo, por lo cual es necesario tener un acercamiento a este trámite en aras de mejorar las condiciones y los derechos de los procesados y de sus familias.

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